A quién estuvo dirigida la iniciativa:
La iniciativa estuvo dirigida a los agentes que integran los Servicios Administrativos de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada de la Provincia de Córdoba, actores clave en la ejecución del gasto público y el funcionamiento del sistema de administración financiera.
El programa parte de una visión estratégica que reconoce que la transformación del Estado no depende únicamente de la tecnología, sino también del fortalecimiento del capital humano. En ese sentido, busca dotar a los agentes de competencias técnicas, digitales y de gestión, posicionándolos como gestores públicos profesionales y no solo como ejecutores de procesos. Asimismo, promueve una cultura organizacional orientada a la innovación, la transparencia, la mejora continua y la rendición de cuentas.
Descripción:
La iniciativa consiste en el diseño e implementación de un programa integral de profesionalización para los Servicios Administrativos, estructurado en un plan de formación escalonado que combina cursos asincrónicos, capacitaciones sincrónicas y talleres prácticos.
Su principal innovación radica en su enfoque sistémico: no aborda las compras públicas como un proceso aislado, sino como parte del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), integrando áreas como presupuesto, contabilidad y tesorería. Esto permite que los agentes comprendan el impacto de sus funciones dentro de toda la cadena de valor del gasto público.
El programa se apoya en una plataforma virtual específica —SIAF Academy— que centraliza la formación, facilita el acceso equitativo al conocimiento y promueve el aprendizaje continuo. Además, cuenta con la validación técnica de los Órganos Rectores del sistema, asegurando coherencia normativa y calidad en los contenidos.
Explique brevemente la necesidad que dio sustento al diseño y ejecución del caso:
La iniciativa surge en el marco del proceso de modernización administrativa impulsado por la Provincia de Córdoba, particularmente tras la implementación de la Ley N° 10.835 de Administración Financiera, que redefinió el rol de los Servicios Administrativos y fortaleció el principio de responsabilidad funcional.
Este nuevo contexto evidenció la necesidad de contar con agentes altamente capacitados, capaces de operar en un entorno más complejo, digital y orientado a resultados. Si bien existían instancias generales de capacitación, no había una propuesta específica para el ámbito de la administración financiera.
El programa responde a esta brecha, buscando mejorar la eficiencia operativa, reducir errores, optimizar el uso de recursos públicos y fortalecer la transparencia, al tiempo que impulsa un cambio cultural hacia una gestión pública más profesional e innovadora.
Describa cómo se llevó a cabo la implementación:
La implementación se desarrolló de manera gradual, estratégica y colaborativa. Comenzó en 2024 con capacitaciones sincrónicas vía Zoom que funcionaron como piloto para identificar necesidades formativas y validar el interés de los agentes.
Posteriormente, se diseñó el programa formal y se desarrolló un entorno virtual específico dentro del Campus Virtual de Empleados, dando origen a SIAF Academy. Este espacio permite el acceso a cursos asincrónicos con contenidos validados y acompañamiento tutorial.
El proceso incluyó un relevamiento de los agentes a capacitar, así como la articulación entre distintas áreas: la Dirección General de Fortalecimiento Administrativo, la Secretaría de Capital Humano y los Órganos Rectores del SIAF. Esta gobernanza colaborativa permitió asegurar la pertinencia técnica y la sostenibilidad del programa.
Metodología:
La iniciativa se estructuró en fases progresivas que combinaron diagnóstico, diseño, implementación y mejora continua.
Se inició con capacitaciones exploratorias sincrónicas, seguidas de experiencias piloto asincrónicas que permitieron validar la plataforma y ajustar contenidos. Luego se diseñó el programa integral con tres niveles: formación introductoria, talleres específicos y validación de conocimientos.
Se desarrollaron cinco cursos base que cubren los principales componentes del SIAF (administración financiera, presupuesto, compras, contabilidad y tesorería), construidos mediante equipos interdisciplinarios.
La metodología incorpora herramientas digitales, evaluaciones, encuestas de satisfacción e indicadores de desempeño, promoviendo un aprendizaje flexible, continuo y orientado a resultados.
Resultados:
La iniciativa ha generado avances significativos en la profesionalización del capital humano estatal. Se dictaron 34 capacitaciones sincrónicas con amplia participación, y se emitieron más de 900 certificados entre instancias sincrónicas y asincrónicas.
Se desarrolló el aula virtual SIAF Academy, que alberga un trayecto formativo estructurado con cinco cursos introductorios. En la primera cohorte participaron 804 agentes, con más de 2.200 evaluaciones rendidas y un índice de aprobación del 97%.
Asimismo, se logró relevar a más de 1.360 agentes como población objetivo, estableciendo una base sólida para la expansión del programa. Estos resultados consolidan una estrategia formativa moderna, escalable y alineada con las necesidades institucionales.
Impacto:
El impacto de la iniciativa se refleja en indicadores concretos de alcance, participación y apropiación. Más de 2.800 agentes participaron en actividades formativas, evidenciando un alto nivel de compromiso institucional.
La primera cohorte del SIAF Academy alcanzó una cobertura del 59% de la población objetivo identificada, lo que demuestra una rápida adopción del programa. Además, 330 agentes completaron integralmente el trayecto formativo, constituyendo una masa crítica de personal capacitado.
Estos resultados anticipan mejoras sustanciales en la eficiencia operativa, la reducción de errores y la calidad de la gestión pública. A mediano plazo, el programa proyecta capacitar al 80% del personal, consolidando un modelo de profesionalización sostenible, replicable y orientado a la excelencia institucional.
Link:
https://drive.google.com/drive/folders/1nz1dflpGstK44OndtnSyZOKo2fEXM79iA quién estuvo dirigida la iniciativa:
La iniciativa se dirigió a los actores clave del ecosistema de Compra Pública Innovadora (CPI) en Costa Rica. Por el lado de la demanda, se enfocó en fortalecer las capacidades de funcionarios responsables de contratación pública y gestores de proyectos en instituciones del gobierno central, entidades descentralizadas y municipalidades.
Por el lado de la oferta, incluyó proveedores de soluciones tecnológicas como startups, incubadoras, clusters y cámaras empresariales. También involucró a órganos de control y fiscalización —como la Contraloría General de la República—, auditorías internas, academia (a través de incubadoras) y actores del sistema financiero, como la banca de desarrollo. Esta articulación multisectorial permitió abordar la CPI de manera integral, conectando capacidades, regulación y mercado.
Descripción:
La Ruta de Formación en Compra Pública Innovadora (CPI) es una estrategia liderada por la Dirección de Contratación Pública con el apoyo técnico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), orientada a desarrollar capacidades, generar gobernanza e institucionalizar la CPI en Costa Rica.
Entre 2023 y 2025, la iniciativa combinó misiones técnicas, bootcamps, cursos presenciales y virtuales, talleres de co-creación y espacios de diálogo sectorial. Estas actividades no solo fortalecieron conocimientos, sino que también generaron insumos operativos clave, como una versión preliminar de política pública de CPI, una guía metodológica y el diseño de un reglamento específico.
Asimismo, la ruta promovió la implementación de proyectos piloto y la articulación entre actores, sentando las bases para consolidar la CPI como una herramienta efectiva para resolver necesidades públicas mediante innovación.
Explique brevemente la necesidad que dio sustento al diseño y ejecución del caso:
La iniciativa surge en el contexto de la entrada en vigor de la Ley General de Contratación Pública (Ley N.° 9986) en 2022, que introduce formalmente la Compra Pública Innovadora como un instrumento para mejorar la prestación de servicios públicos.
Este nuevo marco normativo implicaba desafíos significativos: desarrollar capacidades técnicas en funcionarios, generar herramientas operativas y reducir la incertidumbre jurídica asociada a una modalidad de contratación no tradicional.
Ante este escenario, la Dirección de Contratación Pública impulsó una estrategia anticipada para evitar que la CPI quedara solo en el plano normativo. Se buscó preparar el ecosistema institucional, promover una cultura de innovación y articular actores públicos y privados, asegurando una implementación efectiva y sostenible.
Describa cómo se llevó a cabo la implementación:
La implementación se estructuró en tres etapas. En 2023 se desarrolló una fase de sensibilización y diagnóstico mediante misiones técnicas, incluyendo un bootcamp inicial para mapear actores, identificar barreras y socializar hallazgos.
En 2024 se avanzó hacia el pilotaje y la consolidación formativa, con cursos intensivos, talleres de co-creación y validación de herramientas. En esta etapa se lanzaron pilotos con entidades como el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y la Promotora Costarricense de Innovación.
En 2025, la estrategia se centró en la formación de la oferta tecnológica y el fortalecimiento del diálogo sectorial, destacando la realización del Foro CPI-Salud para priorizar retos en este ámbito.
El proceso contó con la participación activa de instituciones públicas, academia, órganos de control y القطاع privado, generando un entorno colaborativo para el desarrollo de la CPI.
Metodología:
La metodología combinó formación, co-creación y pilotaje en un enfoque progresivo. Incluyó fases de sensibilización, diseño, implementación piloto y escalamiento.
Se desarrollaron talleres prácticos, bootcamps, cursos presenciales de aproximadamente 20 horas y módulos virtuales especializados. Asimismo, se utilizaron consultas preliminares al mercado, sesiones de pitch y ejercicios de priorización de necesidades.
Entre las herramientas empleadas destacan matrices de iniciativas, fichas de necesidades, plantillas técnicas y recursos de diagnóstico. La evaluación se realizó mediante cuestionarios de conocimiento y encuestas de retroalimentación, promoviendo la mejora continua.
Resultados:
La iniciativa generó avances significativos en gobernanza y marco normativo, incluyendo insumos técnicos para una política pública de CPI, una guía metodológica y un reglamento en proceso de validación.
En términos de implementación, se desarrollaron proyectos piloto relevantes. El AyA definió dos retos estratégicos relacionados con la calidad del agua, mientras que la Promotora impulsó una convocatoria de retos públicos innovadores, que permitió identificar y priorizar demandas del sector público.
Adicionalmente, se fortalecieron capacidades en perfiles estratégicos, técnicos, jurídicos y de fiscalización, y se generó evidencia documental y metodológica que facilita la replicabilidad del modelo.
Impacto:
La iniciativa logró capacitar a 428 personas en actividades formativas entre 2024 y 2025, fortaleciendo el capital humano del sistema de contratación pública.
En términos de demanda, se identificaron 54 retos provenientes de 22 entidades, de los cuales se priorizaron 11 para su desarrollo como potenciales proyectos de CPI.
En los pilotos del AyA se recibieron 7 propuestas, con distintos niveles de madurez tecnológica, lo que evidencia la activación del mercado innovador.
Finalmente, se consolidaron insumos operativos —como plantillas, matrices y documentos metodológicos— que reducen la incertidumbre técnica y jurídica, facilitando la implementación de procesos CPI de manera escalable y sostenible.
Link:
https://www.hacienda.go.cr/docs/0.MisionesCPI.pdf
https://www.hacienda.go.cr/docs/0.Mision2023.pdf
https://www.hacienda.go.cr/docs/0.Mision2024.pdf
https://www.hacienda.go.cr/docs/0.Mision2025.pdf
https://www.hacienda.go.cr/docs/5.ActividadForoCPIySalud12y13junio2025.pdf
A quién estuvo dirigida la iniciativa:
La iniciativa estuvo dirigida a productores nacionales, con el objetivo de fortalecer su crecimiento económico mediante la canalización de las compras estatales hacia bienes producidos en el país. Asimismo, benefició a micro y pequeñas empresas, asociaciones de productores urbanos y rurales, artesanos y organizaciones económicas campesinas que proveen bienes al Estado.
Adicionalmente, estuvo orientada a las entidades públicas, facilitando y agilizando sus procesos de contratación mediante el uso de una plataforma digital automatizada.
Descripción:
La iniciativa consiste en el diseño e implementación de la Plataforma “Compro Hecho en Bolivia (CHB)”, orientada a promover la industria nacional a través de las compras públicas. La plataforma permite a las entidades estatales adquirir productos nacionales bajo parámetros estandarizados definidos mediante fichas técnicas elaboradas a partir de análisis de mercado.
El sistema integra un mercado virtual donde los proveedores registran sus productos, previa obtención del Sello Hecho en Bolivia, y permite convocatorias automatizadas en las que los productores presentan ofertas sin necesidad de documentación física, gracias a mecanismos de interoperabilidad.
Un elemento innovador es la evaluación automática de las propuestas, basada en criterios como ubicación geográfica, certificación de origen, tipo de productor, precio y capacidad de oferta. Asimismo, el sistema permite adjudicaciones parciales a múltiples proveedores, optimizando la cobertura de la demanda estatal.
Explique brevemente la necesidad que dio sustento al diseño y ejecución del caso:
Si bien existía un marco normativo que priorizaba la adquisición de bienes nacionales, no se contaba con mecanismos efectivos que garantizaran su cumplimiento ni que evitaran prácticas que favorecieran productos extranjeros mediante especificaciones técnicas restrictivas.
La promulgación de la Ley N.º 1257 de Fomento a la Adquisición Estatal de Bienes Nacionales evidenció la necesidad de desarrollar herramientas operativas que permitieran implementar esta política pública de manera efectiva.
En este contexto, la plataforma CHB surge para cerrar la brecha entre la normativa y su aplicación práctica, mediante la estandarización de productos, la automatización de procesos y la interoperabilidad entre sistemas públicos, asegurando que las compras estatales prioricen efectivamente la producción nacional.
Describa cómo se llevó a cabo la implementación:
La implementación se desarrolló en dos etapas: una fase preparatoria y una fase operativa.
En la etapa preparatoria se realizaron estudios de mercado para definir los productos nacionales y sus características, se habilitó el registro de productos en el mercado virtual y se elaboraron materiales de capacitación para entidades y proveedores.
En la etapa operativa se ejecutaron talleres de formación, se puso en marcha la plataforma y se inició la gestión de procesos de contratación completamente digitalizados. Asimismo, se brindó soporte técnico continuo y se realizaron evaluaciones para introducir mejoras normativas y tecnológicas, incluyendo una actualización del reglamento en 2024.
En total, se realizaron alrededor de 48 talleres que beneficiaron a más de 6,000 participantes.
Metodología:
El proyecto fue desarrollado bajo metodología SCRUM, mediante un enfoque incremental y con desarrollo tecnológico interno (in-house).
Se estructuró en fases que incluyeron la conceptualización normativa, la definición de un Product Backlog, el desarrollo iterativo mediante sprints, pruebas de calidad y seguridad, y la puesta en producción.
Entre los elementos clave destacan la integración entre equipos técnicos y normativos, el control total del desarrollo tecnológico, la implementación progresiva de funcionalidades respaldadas por normativa y la interoperabilidad con sistemas del sector productivo y financiero.
Resultados:
En un periodo de un año y ocho meses de implementación, la plataforma ha generado resultados significativos:
Impacto:
El impacto de la iniciativa se refleja en una mayor participación de la producción nacional en las compras públicas, incrementándose del 12% al 17% del total de contrataciones de bienes.
Asimismo, se logró una reducción aproximada del 40% en los tiempos de contratación, mejorando la eficiencia del gasto público.
En conjunto, la plataforma fortalece la economía nacional, fomenta la inclusión de pequeños productores en el mercado estatal y moderniza la gestión de compras públicas mediante el uso de tecnología y automatización.
Link:
https://www.sicoes.gob.bo
https://sigep.gob.bo/mercadoVirtual/#/home/CCHB
A quién estuvo dirigida la iniciativa:
La iniciativa estuvo dirigida a todas las entidades públicas que se encuentran en proceso de incorporar criterios de sostenibilidad en sus procesos de contratación. En particular, se orienta a funcionarios, equipos técnicos y tomadores de decisión responsables de diseñar, ejecutar y supervisar compras públicas, brindándoles una herramienta práctica para integrar criterios ambientales, sociales y económicos en sus adquisiciones.
Descripción:
La iniciativa consistió en la co-creación y publicación de una guía para la definición y aplicación de criterios de sostenibilidad en las compras públicas. El documento fue desarrollado mediante un proceso participativo que involucró actores del Poder Ejecutivo, órganos de control, sector privado, academia e instituciones especializadas.
La guía está alineada con la norma ISO 20400 sobre compras sostenibles y tiene como objetivo proporcionar una herramienta práctica para apoyar la toma de decisiones en la incorporación de criterios de sostenibilidad en los procesos de contratación pública. De esta manera, promueve un enfoque que trasciende el criterio tradicional de menor precio, orientándose hacia la generación de valor sostenible.
Explique brevemente la necesidad que dio sustento al diseño y ejecución del caso:
La iniciativa surge en un contexto en el que las compras públicas representan un porcentaje significativo del PIB y, por tanto, constituyen una herramienta estratégica para impulsar el desarrollo sostenible. En Brasil, estas alcanzan aproximadamente entre el 12% y el 15% del PIB, lo que refleja su potencial de impacto económico, social y ambiental.
La entrada en vigor de la nueva Ley de Adquisiciones y Contratos (Ley 14.133/2021) introdujo el objetivo de promover el desarrollo sostenible en las contrataciones públicas, generando la necesidad de orientar a las instituciones en la implementación de este nuevo enfoque.
Este cambio de paradigma —del menor precio al mejor valor— requiere herramientas prácticas, consensuadas y aplicables que faciliten la gestión del cambio institucional y permitan a los actores públicos incorporar criterios de sostenibilidad de manera efectiva.
Describa como se llevó a cabo la implementación:
La implementación se desarrolló a través de un proceso participativo liderado por la Secretaría de Gestión (SEGES) del Ministerio, con el apoyo del proyecto EcoAdvance de la cooperación alemana (GIZ).
El proceso incluyó la realización de talleres colaborativos en diciembre de 2023 y enero de 2024. En estos espacios se discutieron definiciones, se analizaron experiencias existentes y se identificaron criterios prioritarios de sostenibilidad. Los talleres combinaron presentaciones técnicas, trabajo en grupos y discusiones plenarias, permitiendo recoger insumos diversos y construir consensos.
La información recopilada fue sistematizada y utilizada como base para la elaboración de la guía, que fue publicada en abril de 2025 como resultado de este proceso de co-creación.
Metodología:
La metodología se basó en un enfoque participativo y estructurado, alineado con la norma ISO 20400.
El proceso incluyó la definición conceptual de compras públicas sostenibles adaptada al contexto brasileño, la construcción de una visión integral del proceso de contratación sostenible y el desarrollo de un método orientativo aplicable a distintas organizaciones públicas.
La guía incorpora herramientas prácticas para la selección de bienes, servicios y proveedores, considerando criterios de sostenibilidad más allá de la evaluación económica tradicional. Asimismo, enfatiza la importancia del monitoreo y la evaluación continua para asegurar el cumplimiento de los objetivos y la mejora del proceso.
Este enfoque permite a las entidades públicas adoptar criterios de sostenibilidad de manera flexible, adaptándolos a sus necesidades y contextos específicos.
Resultados:
La iniciativa logró generar un espacio de diálogo y sensibilización entre actores clave del ecosistema de compras públicas, promoviendo la gestión del cambio institucional.
Se alcanzó un consenso sobre la definición de compras públicas sostenibles y sobre los criterios prioritarios a considerar, lo que permitió construir una base común para la elaboración de la guía.
El resultado principal fue la publicación de un documento técnico consensuado, que integra aportes de múltiples sectores y que sirve como referencia para la implementación de prácticas de contratación más sostenibles en el sector público.
Impacto:
Desde su publicación, la guía ha comenzado a ser utilizada como herramienta de consulta por parte de actores públicos interesados en incorporar criterios de sostenibilidad en sus procesos de compra.
En términos cuantitativos, se registran accesos y descargas iniciales del documento, lo que evidencia un interés creciente en la temática. Más allá de estas cifras, el impacto principal radica en la creación de un marco común que facilita la adopción de prácticas sostenibles en las compras públicas.
A mediano y largo plazo, se espera que esta herramienta contribuya a transformar los procesos de contratación, promoviendo decisiones más responsables, fortaleciendo la gestión de riesgos en la cadena de suministro y generando impactos positivos en el desarrollo sostenible.
Link:
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/noticias/novos-manuais-orientam-servidores-para-contratacoes-mais-estrategicas-eficientes-e-sustentaveis
https://www.gov.br/gestao/pt-br/assuntos/noticias/2024/fevereiro/ministerio-da-gestao-participa-de-debate-sobre-criterios-de-sustentabilidade-nas-compras-publicas
A quién estuvo dirigida la iniciativa:
La iniciativa estuvo dirigida a servidores civiles, funcionarios y autoridades de las entidades del Estado en los tres niveles de gobierno en el Perú, en el marco del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública. Estos actores son responsables de promover e implementar soluciones de innovación pública, incluyendo aquellas vinculadas a la compra pública de innovación.
Asimismo, se consideró la participación de actores externos bajo un enfoque de innovación pública abierta, incluyendo representantes de la academia y del sector privado, con el objetivo de recoger aportes y fortalecer la pertinencia de la norma técnica.
Descripción:
La iniciativa consiste en el diseño y aprobación de la Norma Técnica para la Gestión de la Innovación Pública en las Entidades del Estado, liderada por la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros.
Esta norma establece un marco regulatorio y de gobernanza para promover la innovación pública de manera sistemática en el Estado, facilitando la generación de valor público. Además, articula la innovación con instrumentos estratégicos como la compra pública de innovación, promoviendo la dinamización del mercado a través de la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).
El proceso de elaboración se caracterizó por un enfoque de cocreación, orientado a asegurar que la norma sea aplicable a la diversidad de entidades públicas y facilite su implementación efectiva en distintos contextos institucionales.
Explique brevemente la necesidad que dio sustento al diseño y ejecución del caso:
En el Perú, si bien existen experiencias de innovación pública, estas han sido impulsadas principalmente por iniciativas individuales o esfuerzos aislados, sin un marco institucional consolidado que permita su sostenibilidad y escalabilidad.
Se identificó la necesidad de fortalecer la cultura de innovación, establecer mecanismos de gobernanza claros y mejorar la gestión del conocimiento en el sector público. Esta situación fue evidenciada en la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030, que señala limitaciones en la capacidad institucional para innovar.
En este contexto, la norma técnica responde a la necesidad de institucionalizar la innovación pública como una práctica transversal en el Estado, articulándola con otros sistemas administrativos y normativas existentes, como los sistemas de recursos humanos, transformación digital, gestión por procesos y gestión del conocimiento.
Describa como se llevó a cabo la implementación:
La implementación se desarrolló en dos fases principales. La primera fase inició en diciembre de 2023 con la revisión de fuentes y la elaboración de una versión preliminar de la norma técnica.
La segunda fase se basó en un proceso de cocreación que incluyó diversos hitos. Entre ellos destaca la ejecución de un piloto con siete entidades públicas de distintos niveles de gobierno, lo que permitió recoger retroalimentación en contextos diversos.
Asimismo, se realizaron consultas a expertos nacionales e internacionales, incluyendo aportes de la OCDE y de especialistas del sector público, privado y la academia. También se coordinó con el Ministerio de la Producción para articular la norma con la compra pública de innovación.
El proceso culminó con la aprobación de la norma técnica el 21 de agosto de 2025, incorporando los aportes del proceso colaborativo y asegurando su viabilidad de implementación en las entidades públicas.
Metodología:
La metodología se estructuró en dos fases iterativas: investigación y cocreación.
La fase de investigación incluyó la revisión de fuentes nacionales e internacionales y la elaboración de una propuesta inicial de gobernanza y definiciones de innovación pública.
La fase de cocreación comprendió la revisión por expertos, la realización de grupos focales, la implementación de un piloto en siete entidades públicas, la coordinación con actores clave del ecosistema y la realización de ajustes finales en términos técnicos y normativos.
Finalmente, se llevó a cabo la aprobación formal de la norma técnica, incluyendo su publicación en el diario oficial y en la plataforma digital del Estado.
Resultados:
El principal resultado fue la aprobación de la Norma Técnica N.º 003-2025-PCM-SGP, formalizada mediante resolución oficial.
El proceso de piloto evidenció un 100% de recomendación para la aplicación de la norma por parte de las entidades participantes, lo que demuestra un alto nivel de apropiación institucional.
Adicionalmente, se han registrado 291 consultas sobre la aplicación de la norma, reflejando el interés de los servidores civiles en implementar acciones de innovación pública.
Asimismo, 15 entidades públicas se encuentran en proceso de recibir asistencia técnica para su implementación, y la difusión de la norma ha alcanzado más de 23,000 visualizaciones en canales oficiales.
Impacto:
El impacto inicial muestra un alto nivel de alcance y apropiación institucional. La norma técnica es de obligatorio cumplimiento para aproximadamente 2,000 entidades públicas en el Perú, lo que amplía significativamente su potencial transformador.
Se estima que impacta directamente a más de 1.5 millones de servidores civiles, generando condiciones para institucionalizar la innovación pública en el Estado.
Las actividades de difusión han convocado a más de 500 servidores civiles en sesiones abiertas, fortaleciendo la sensibilización y capacidades en la materia.
En conjunto, la iniciativa contribuye a consolidar un marco institucional robusto para la innovación pública, promoviendo la generación de valor público, la articulación interinstitucional y el desarrollo de soluciones innovadoras en el sector público.
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