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Plataforma “Compro Hecho en Bolivia”

A quién estuvo dirigida la iniciativa:

La iniciativa estuvo dirigida a productores nacionales, con el objetivo de fortalecer su crecimiento económico mediante la canalización de las compras estatales hacia bienes producidos en el país. Asimismo, benefició a micro y pequeñas empresas, asociaciones de productores urbanos y rurales, artesanos y organizaciones económicas campesinas que proveen bienes al Estado.

Adicionalmente, estuvo orientada a las entidades públicas, facilitando y agilizando sus procesos de contratación mediante el uso de una plataforma digital automatizada.

Descripción:

La iniciativa consiste en el diseño e implementación de la Plataforma “Compro Hecho en Bolivia (CHB)”, orientada a promover la industria nacional a través de las compras públicas. La plataforma permite a las entidades estatales adquirir productos nacionales bajo parámetros estandarizados definidos mediante fichas técnicas elaboradas a partir de análisis de mercado.

El sistema integra un mercado virtual donde los proveedores registran sus productos, previa obtención del Sello Hecho en Bolivia, y permite convocatorias automatizadas en las que los productores presentan ofertas sin necesidad de documentación física, gracias a mecanismos de interoperabilidad.

Un elemento innovador es la evaluación automática de las propuestas, basada en criterios como ubicación geográfica, certificación de origen, tipo de productor, precio y capacidad de oferta. Asimismo, el sistema permite adjudicaciones parciales a múltiples proveedores, optimizando la cobertura de la demanda estatal.

Explique brevemente la necesidad que dio sustento al diseño y ejecución del caso:

Si bien existía un marco normativo que priorizaba la adquisición de bienes nacionales, no se contaba con mecanismos efectivos que garantizaran su cumplimiento ni que evitaran prácticas que favorecieran productos extranjeros mediante especificaciones técnicas restrictivas.

La promulgación de la Ley N.º 1257 de Fomento a la Adquisición Estatal de Bienes Nacionales evidenció la necesidad de desarrollar herramientas operativas que permitieran implementar esta política pública de manera efectiva.

En este contexto, la plataforma CHB surge para cerrar la brecha entre la normativa y su aplicación práctica, mediante la estandarización de productos, la automatización de procesos y la interoperabilidad entre sistemas públicos, asegurando que las compras estatales prioricen efectivamente la producción nacional.

Describa cómo se llevó a cabo la implementación:

La implementación se desarrolló en dos etapas: una fase preparatoria y una fase operativa.

En la etapa preparatoria se realizaron estudios de mercado para definir los productos nacionales y sus características, se habilitó el registro de productos en el mercado virtual y se elaboraron materiales de capacitación para entidades y proveedores.

En la etapa operativa se ejecutaron talleres de formación, se puso en marcha la plataforma y se inició la gestión de procesos de contratación completamente digitalizados. Asimismo, se brindó soporte técnico continuo y se realizaron evaluaciones para introducir mejoras normativas y tecnológicas, incluyendo una actualización del reglamento en 2024.

En total, se realizaron alrededor de 48 talleres que beneficiaron a más de 6,000 participantes.

Metodología:

El proyecto fue desarrollado bajo metodología SCRUM, mediante un enfoque incremental y con desarrollo tecnológico interno (in-house).

Se estructuró en fases que incluyeron la conceptualización normativa, la definición de un Product Backlog, el desarrollo iterativo mediante sprints, pruebas de calidad y seguridad, y la puesta en producción.

Entre los elementos clave destacan la integración entre equipos técnicos y normativos, el control total del desarrollo tecnológico, la implementación progresiva de funcionalidades respaldadas por normativa y la interoperabilidad con sistemas del sector productivo y financiero.

Resultados:

En un periodo de un año y ocho meses de implementación, la plataforma ha generado resultados significativos:

  • Más de 18,400 procesos de contratación publicados dirigidos a productos nacionales.
  • Más de 919 millones de bolivianos contratados en bienes nacionales.
  • 11,240 órdenes de compra electrónicas formalizadas.
  • 7,278 productos registrados en el mercado virtual.
  • Reducción significativa de tiempos: de un promedio de 30 a 90 días en procesos tradicionales, a 5 días para adjudicación y 12 días para formalización.
  • Más de 6,000 personas capacitadas.

Impacto:

El impacto de la iniciativa se refleja en una mayor participación de la producción nacional en las compras públicas, incrementándose del 12% al 17% del total de contrataciones de bienes.

Asimismo, se logró una reducción aproximada del 40% en los tiempos de contratación, mejorando la eficiencia del gasto público.

En conjunto, la plataforma fortalece la economía nacional, fomenta la inclusión de pequeños productores en el mercado estatal y moderniza la gestión de compras públicas mediante el uso de tecnología y automatización.

Link:

https://www.sicoes.gob.bo
https://sigep.gob.bo/mercadoVirtual/#/home/CCHB

 

Norma Técnica de Innovación Pública: fortaleciendo el marco regulatorio e institucional en el Perú para generar valor público

 

A quién estuvo dirigida la iniciativa:

La iniciativa estuvo dirigida a servidores civiles, funcionarios y autoridades de las entidades del Estado en los tres niveles de gobierno en el Perú, en el marco del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública. Estos actores son responsables de promover e implementar soluciones de innovación pública, incluyendo aquellas vinculadas a la compra pública de innovación.

Asimismo, se consideró la participación de actores externos bajo un enfoque de innovación pública abierta, incluyendo representantes de la academia y del sector privado, con el objetivo de recoger aportes y fortalecer la pertinencia de la norma técnica.


Descripción:

La iniciativa consiste en el diseño y aprobación de la Norma Técnica para la Gestión de la Innovación Pública en las Entidades del Estado, liderada por la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Esta norma establece un marco regulatorio y de gobernanza para promover la innovación pública de manera sistemática en el Estado, facilitando la generación de valor público. Además, articula la innovación con instrumentos estratégicos como la compra pública de innovación, promoviendo la dinamización del mercado a través de la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).

El proceso de elaboración se caracterizó por un enfoque de cocreación, orientado a asegurar que la norma sea aplicable a la diversidad de entidades públicas y facilite su implementación efectiva en distintos contextos institucionales.


Explique brevemente la necesidad que dio sustento al diseño y ejecución del caso:

En el Perú, si bien existen experiencias de innovación pública, estas han sido impulsadas principalmente por iniciativas individuales o esfuerzos aislados, sin un marco institucional consolidado que permita su sostenibilidad y escalabilidad.

Se identificó la necesidad de fortalecer la cultura de innovación, establecer mecanismos de gobernanza claros y mejorar la gestión del conocimiento en el sector público. Esta situación fue evidenciada en la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030, que señala limitaciones en la capacidad institucional para innovar.

En este contexto, la norma técnica responde a la necesidad de institucionalizar la innovación pública como una práctica transversal en el Estado, articulándola con otros sistemas administrativos y normativas existentes, como los sistemas de recursos humanos, transformación digital, gestión por procesos y gestión del conocimiento.


Describa como se llevó a cabo la implementación:

La implementación se desarrolló en dos fases principales. La primera fase inició en diciembre de 2023 con la revisión de fuentes y la elaboración de una versión preliminar de la norma técnica.

La segunda fase se basó en un proceso de cocreación que incluyó diversos hitos. Entre ellos destaca la ejecución de un piloto con siete entidades públicas de distintos niveles de gobierno, lo que permitió recoger retroalimentación en contextos diversos.

Asimismo, se realizaron consultas a expertos nacionales e internacionales, incluyendo aportes de la OCDE y de especialistas del sector público, privado y la academia. También se coordinó con el Ministerio de la Producción para articular la norma con la compra pública de innovación.

El proceso culminó con la aprobación de la norma técnica el 21 de agosto de 2025, incorporando los aportes del proceso colaborativo y asegurando su viabilidad de implementación en las entidades públicas.


Metodología:

La metodología se estructuró en dos fases iterativas: investigación y cocreación.

La fase de investigación incluyó la revisión de fuentes nacionales e internacionales y la elaboración de una propuesta inicial de gobernanza y definiciones de innovación pública.

La fase de cocreación comprendió la revisión por expertos, la realización de grupos focales, la implementación de un piloto en siete entidades públicas, la coordinación con actores clave del ecosistema y la realización de ajustes finales en términos técnicos y normativos.

Finalmente, se llevó a cabo la aprobación formal de la norma técnica, incluyendo su publicación en el diario oficial y en la plataforma digital del Estado.


Resultados:

El principal resultado fue la aprobación de la Norma Técnica N.º 003-2025-PCM-SGP, formalizada mediante resolución oficial.

El proceso de piloto evidenció un 100% de recomendación para la aplicación de la norma por parte de las entidades participantes, lo que demuestra un alto nivel de apropiación institucional.

Adicionalmente, se han registrado 291 consultas sobre la aplicación de la norma, reflejando el interés de los servidores civiles en implementar acciones de innovación pública.

Asimismo, 15 entidades públicas se encuentran en proceso de recibir asistencia técnica para su implementación, y la difusión de la norma ha alcanzado más de 23,000 visualizaciones en canales oficiales.


Impacto:

El impacto inicial muestra un alto nivel de alcance y apropiación institucional. La norma técnica es de obligatorio cumplimiento para aproximadamente 2,000 entidades públicas en el Perú, lo que amplía significativamente su potencial transformador.

Se estima que impacta directamente a más de 1.5 millones de servidores civiles, generando condiciones para institucionalizar la innovación pública en el Estado.

Las actividades de difusión han convocado a más de 500 servidores civiles en sesiones abiertas, fortaleciendo la sensibilización y capacidades en la materia.

En conjunto, la iniciativa contribuye a consolidar un marco institucional robusto para la innovación pública, promoviendo la generación de valor público, la articulación interinstitucional y el desarrollo de soluciones innovadoras en el sector público.


Link:

https://www.gob.pe/100100

 

Implementación de Sistemas Dinámicos de Adquisición en el Sistema Nacional de Contratación Pública en Uruguay

A quién estuvo dirigida la iniciativa:

La iniciativa está dirigida a todos los actores del sistema de contratación pública uruguayo. En primer lugar, a los compradores públicos y proveedores, quienes son los principales usuarios del instrumento.

De manera complementaria, también beneficia a los organismos de control y fiscalización, así como a la ciudadanía en general, al promover mayor eficiencia, transparencia y agilidad en los procesos de contratación.

Descripción:

La iniciativa consiste en la implementación de los Sistemas Dinámicos de Adquisición (SDA) dentro del Sistema Nacional de Contratación Pública, incorporándolos a las plataformas electrónicas administradas por la ARCE.

Este instrumento representa un cambio respecto a los procedimientos tradicionales, al permitir la conformación de un sistema abierto y dinámico de proveedores para compras recurrentes. A través de este mecanismo, los proveedores pueden ingresar o salir del sistema en cualquier momento, y las entidades públicas pueden realizar adquisiciones de forma ágil, estandarizada y completamente electrónica.

Además, la iniciativa incluye el desarrollo de instrumentos de apoyo como reglamentación específica, pliegos modelo, guías prácticas, capacitaciones y documentos estándar, con el fin de facilitar la correcta adopción del nuevo procedimiento por parte de los usuarios.

Explique brevemente la necesidad que dio sustento al diseño y ejecución del caso:

La iniciativa surge de la necesidad de implementar adecuadamente la nueva normativa que incorpora los Sistemas Dinámicos de Adquisición en el ordenamiento jurídico uruguayo, con el objetivo de mejorar los resultados en la gestión de las contrataciones públicas.

Se busca superar las limitaciones de los procedimientos tradicionales, promoviendo mayor agilidad, estandarización y eficiencia en las compras públicas, especialmente en aquellas de carácter recurrente. Asimismo, resulta clave que los usuarios comprendan claramente las ventajas del instrumento para asegurar su adopción efectiva.

Describa cómo se llevó a cabo la implementación:

La implementación se inició con la incorporación de los Sistemas Dinámicos de Adquisición mediante el artículo 40 de la Ley N° 20.075, vigente desde enero de 2023.

A partir de este marco normativo, la ARCE lideró el desarrollo de instrumentos de aplicación, incluyendo la reglamentación específica, así como la definición y contratación de soluciones tecnológicas necesarias para su funcionamiento.

Para ello, se conformaron equipos de trabajo interdisciplinarios integrados por especialistas en regulación, tecnología, desarrollo y asesoramiento a usuarios, permitiendo una implementación coordinada entre el diseño normativo y el desarrollo tecnológico.

Metodología:

La metodología adoptada se estructuró en fases progresivas. En una primera etapa, se realizó el relevamiento de mejores prácticas nacionales e internacionales y el diseño regulatorio del instrumento.

Posteriormente, se elaboraron documentos estándar, como pliegos de condiciones y plantillas para solicitudes de cotización, asegurando coherencia y uniformidad en su aplicación.

En paralelo, se desarrolló un plan de capacitación y difusión dirigido a los usuarios del sistema. Asimismo, en el componente tecnológico, se avanzó en la definición de especificaciones funcionales, el desarrollo inicial de la solución informática y su fase de testeo.

Finalmente, la última etapa contempla la puesta en producción de la herramienta para su uso generalizado.

Resultados:

Hasta el momento, se han alcanzado resultados concretos en distintos ámbitos. En el plano normativo, se aprobó el Decreto del Poder Ejecutivo N° 13/025, que reglamenta los Sistemas Dinámicos de Adquisición.

En cuanto a instrumentos de aplicación, se desarrollaron pliegos modelo, plantillas de cotización, guías prácticas y protocolos para la selección del procedimiento adecuado.

Asimismo, se han llevado a cabo instancias de capacitación y difusión dirigidas a compradores públicos. En el ámbito tecnológico, se completó una fase inicial de desarrollo de la solución informática, actualmente en etapa de testeo.

Impacto:

El impacto de la iniciativa se refleja en la consolidación de un nuevo instrumento de contratación pública respaldado por un marco normativo y operativo sólido.

Se han generado avances en materia de regulación, desarrollo de herramientas prácticas, capacitación de usuarios y construcción de la solución tecnológica necesaria para su implementación.

Se espera que, una vez en funcionamiento pleno, los Sistemas Dinámicos de Adquisición contribuyan a mejorar significativamente la eficiencia, la transparencia y la agilidad de las contrataciones públicas, especialmente en procesos de compra recurrentes, consolidando un modelo más moderno y flexible dentro del sistema nacional.

Link:

https://www.impo.com.uy/bases/leyes/20075-2022/40

https://www.gub.uy/presidencia/institucional/normativa/decreto-n-13025-se-crea-regimen-sistemas-dinamicos-adquisicion

https://www.gub.uy/agencia-reguladora-compras-estatales/comunicacion/noticias/arce-inicio-capacitaciones-sobre-sistemas-dinamicos-adquisicion

 

Guía Práctica para la Implementación de la Compra Pública de Innovación (CPI)


A quién estuvo dirigida la iniciativa:

La iniciativa estuvo dirigida principalmente a las entidades públicas del Distrito Especial de Medellín, en particular a funcionarios, equipos jurídicos, administrativos y técnicos responsables de los procesos de contratación, quienes requieren lineamientos claros y prácticos para incorporar la innovación en la gestión pública.

De manera complementaria, la Guía también beneficia a proveedores del Estado —incluyendo empresas, MiPymes, startups y emprendedores— así como a actores del ecosistema de innovación como universidades, centros de investigación y clústeres empresariales. Esto permite construir un lenguaje común entre la demanda pública y la oferta innovadora, facilitando la participación y fortaleciendo el mercado de soluciones innovadoras.


Descripción:

La iniciativa consiste en el desarrollo de una Guía Práctica para la Implementación de la Compra Pública de Innovación (CPI), concebida como un instrumento metodológico orientativo que traduce el marco normativo vigente en herramientas operativas concretas.

La Guía organiza la implementación de la CPI en 21 pasos estructurados en tres fases: planeación, selección y ejecución. Integra herramientas como listas de chequeo, metodologías ágiles, criterios funcionales, vigilancia tecnológica y mecanismos de consulta al mercado. Asimismo, incorpora un test de autodiagnóstico institucional que permite evaluar capacidades, identificar brechas y orientar la construcción de hojas de ruta.

Este instrumento no crea normativa ni sustituye la regulación existente, sino que la complementa con un enfoque práctico, facilitando la adopción de la CPI como un mecanismo estratégico para generar valor público, promover la innovación y mejorar la eficiencia del gasto.


Explique brevemente la necesidad que dio sustento al diseño y ejecución del caso:

La iniciativa surge como respuesta a múltiples barreras que han limitado la adopción de la Compra Pública de Innovación, entre ellas el desconocimiento conceptual, la complejidad regulatoria, la percepción de riesgo y la fragmentación de los procesos.

Las entidades públicas enfrentaban dificultades para diferenciar la CPI de la contratación tradicional, así como limitaciones en capacidades técnicas, vigilancia de mercado y gestión del riesgo. Asimismo, existían temores jurídicos y administrativos que restringían la toma de decisiones innovadoras.

En este contexto, se identificó la necesidad de contar con un instrumento metodológico claro, estructurado y accesible que permitiera cerrar la brecha entre la normativa y su aplicación práctica, fortaleciendo la confianza institucional y facilitando la incorporación de la innovación en los procesos de contratación pública.


Describa como se llevó a cabo la implementación:

La implementación se desarrolló mediante un proceso participativo y técnico en el marco de las Mesas Estratégicas del eje de innovación del Distrito Especial de Medellín.

Durante 2024, se realizó un diagnóstico de desafíos y lecciones aprendidas en materia de CPI, complementado con estudios especializados que identificaron barreras estructurales. A partir de estos insumos, se articularon esfuerzos con actores institucionales y expertos nacionales e internacionales para diseñar una propuesta metodológica robusta.

La Guía fue validada con equipos jurídicos y técnicos de la Corporación Ruta N, lo que permitió ajustar su contenido y asegurar su aplicabilidad. Posteriormente, en agosto de 2025, se presentó oficialmente junto con la aplicación del test de autodiagnóstico a entidades públicas, estableciendo un punto de partida para la construcción de hojas de ruta institucionales.


Metodología:

La metodología propuesta se estructura en tres fases principales: planeación, selección y ejecución, organizadas en 21 pasos metodológicos.

En la fase de planeación se incluyen herramientas como el test de autodiagnóstico, la conformación de equipos interdisciplinarios, la identificación de necesidades mediante mapas de demanda temprana, y ejercicios de vigilancia tecnológica e inteligencia de mercado.

La fase de selección incorpora estudios previos, definición de criterios de evaluación basados en innovación, y mecanismos como el diálogo competitivo, priorizando el valor agregado sobre el menor precio.

Finalmente, la fase de ejecución contempla el monitoreo continuo, la evaluación de resultados y la gestión de impactos sociales, económicos y ambientales.

La Guía integra herramientas prácticas como matrices de priorización, fichas de soluciones, listas de chequeo, flujogramas de decisión, metodologías ágiles y análisis de propiedad intelectual, complementadas con anexos técnicos y casos de referencia.


Resultados:

La Guía fue lanzada en agosto de 2025 con la participación de 62 representantes de 34 entidades públicas, consolidándose como un instrumento metodológico de referencia.

Se aplicó el test de autodiagnóstico, clasificando a las entidades en diferentes niveles de madurez (innovadoras, en potencia, en proceso e incubación), lo que permitió generar recomendaciones personalizadas para la implementación de la CPI.

Adicionalmente, se han iniciado procesos de validación mediante pilotos, evidenciando mejoras en la identificación de necesidades, definición de criterios funcionales y toma de decisiones basada en evidencia.

Asimismo, se ha logrado fortalecer capacidades institucionales, reducir la resistencia al riesgo y dinamizar la participación de proveedores innovadores en el ecosistema de contratación pública.


Impacto:

Aunque la iniciativa es reciente, se proyectan impactos significativos en la eficiencia, transparencia e innovación en la contratación pública.

Se estima una reducción en los tiempos de planeación de procesos, pasando de aproximadamente cinco meses a tres meses y medio, gracias a la estandarización metodológica. Asimismo, se espera una mayor eficiencia en la inversión pública al priorizar el valor y la innovación por encima del menor costo.

El test de autodiagnóstico evidenció que el 21% de las entidades se encuentran en un nivel avanzado de innovación, mientras que el resto presenta distintos niveles de desarrollo, lo que permite orientar estrategias diferenciadas de fortalecimiento.

En conjunto, la iniciativa contribuye a consolidar capacidades institucionales, fortalecer la confianza en los procesos de contratación, e impulsar la innovación como motor de desarrollo económico y generación de valor público.


Link:

https://www.rutanmedellin.org/hubfs/GUIA%20CPI%20-%20RUTA%20N%20-%20FINAL%20V2.pdf

https://analisisurbano.org/medellin-construye-un-plan-que-marcara-su-camino-como-distrito-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion


 

 

Reglamento de Compra Pública Innovadora en Costa Rica

 

A quién estuvo dirigida la iniciativa:

La iniciativa estuvo dirigida a los principales actores del ecosistema de la Compra Pública Innovadora. En primer lugar, a la demanda pública, incluyendo funcionarios responsables de contratación y gestores de proyectos de entidades estatales. En segundo lugar, a los órganos de control y fiscalización, como la Contraloría General de la República y auditorías internas.

Asimismo, se orientó a la oferta tecnológica —incluyendo startups, proveedores, incubadoras, clústeres y fondos de inversión— que desarrollan soluciones innovadoras para responder a necesidades públicas. Finalmente, incluyó a la academia como actor clave en la generación de conocimiento y apoyo técnico.

Descripción:

La iniciativa consiste en la elaboración, consulta pública y ajuste del Reglamento de Compra Pública Innovadora (CPI), cuyo objetivo es establecer un marco normativo específico que regule este tipo de contratación en Costa Rica.

El reglamento define procedimientos, criterios y lineamientos operativos para fomentar la adquisición de bienes, servicios u obras innovadoras, es decir, soluciones no disponibles o significativamente mejoradas en el mercado. Asimismo, incorpora elementos clave como consulta preliminar al mercado, criterios de evaluación, gestión del riesgo tecnológico, propiedad intelectual, fases contractuales y gobernanza del proceso.

Esta propuesta busca dotar al sistema de compras públicas de seguridad jurídica, claridad operativa y mecanismos que faciliten la adopción de innovación desde el Estado, fortaleciendo la eficiencia, la transparencia y la calidad del gasto público.

Explique brevemente la necesidad que dio sustento al diseño y ejecución del caso:
La iniciativa surge a partir de la incorporación de la Compra Pública Innovadora en la Ley General de Contratación Pública (Ley No. 9986) y su reglamento, lo que generó la necesidad de desarrollar una normativa específica que operacionalice este concepto.

Por un lado, existía una necesidad normativa y funcional de definir procedimientos claros, criterios de admisibilidad y mecanismos de mitigación de riesgos asociados a la innovación. Por otro, se identificó una necesidad técnica y operativa a partir del trabajo con actores del ecosistema, quienes evidenciaron brechas, incertidumbres y desafíos para implementar este tipo de compras.

Adicionalmente, el contexto internacional —marcado por la Agenda 2030— refuerza la importancia de incorporar innovación en la gestión pública para enfrentar desafíos sociales, económicos y ambientales, lo que posiciona a la CPI como un instrumento estratégico.

Describa cómo se llevó a cabo la implementación:

El proceso fue liderado por la Unidad Normativa del Departamento de Normas y Contrataciones de la Dirección de Contratación Pública, bajo un enfoque técnico-participativo.

Se desarrolló un borrador inicial del reglamento incorporando análisis comparado e insumos doctrinales, complementado con consultas a expertos internacionales y espacios de intercambio técnico. Entre estos, destaca la interacción con referentes internacionales en contratación pública innovadora, así como la realización de sesiones de trabajo con actores del ecosistema nacional.

Posteriormente, el documento fue sometido a consulta pública formal, permitiendo recoger observaciones y aportes de diversos sectores. Actualmente, el proceso se encuentra en la fase de análisis, sistematización de comentarios y ajustes finales previos a su aprobación y publicación.

Metodología:

La iniciativa siguió un enfoque estructurado en etapas. En primer lugar, la elaboración del borrador técnico del reglamento por parte de la Unidad Normativa, integrando buenas prácticas internacionales y marcos conceptuales.

En segundo lugar, la socialización del borrador en espacios especializados, incluyendo su presentación en foros internacionales, lo que permitió contrastar la propuesta con experiencias comparadas.

En tercer lugar, se desarrolló el proceso de consulta pública, abierto del 19 de agosto al 2 de septiembre de 2025, con el objetivo de recoger aportes técnicos del ecosistema.

Finalmente, la metodología contempla la sistematización de comentarios, elaboración de respuestas institucionales y ajustes normativos para su posterior aprobación e implementación.

Resultados:

Como resultado principal, se cuenta con una propuesta de Reglamento de Compra Pública Innovadora elaborada y validada preliminarmente mediante consulta pública.

Durante este proceso se recibieron aportes de 31 participantes, quienes contribuyeron con observaciones técnicas y sugerencias de mejora, enriqueciendo el contenido del reglamento. Actualmente, estos aportes están siendo analizados para su incorporación en la versión final del instrumento.

Este proceso ha permitido avanzar en la construcción de un marco normativo sólido, participativo y alineado con las necesidades reales del ecosistema de contratación pública.

Impacto:

El impacto de la iniciativa se proyecta principalmente a partir de su futura implementación. El reglamento permitirá establecer reglas claras para la gestión de la compra pública innovadora, fomentando el desarrollo de soluciones innovadoras y mejorando la eficiencia y calidad de los servicios públicos.

Asimismo, contribuirá a fortalecer la transparencia, la seguridad jurídica y la capacidad del Estado para actuar como motor de innovación.

La medición de impacto en términos cuantitativos se realizará una vez que el reglamento entre en vigencia, permitiendo evaluar indicadores relacionados con adopción, resultados de innovación y eficiencia en la contratación pública.

Link:

https://www.hacienda.go.cr/ProyectosConsultaPublica.html

 

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